Inmobiliarias, Notarias, Bufetes de abogados etc….

Las promotoras inmobiliarias, junto a otras entidades como las notarías o los bufetes de abogados, deberán denunciar las operaciones en las que tengan sospechas de blanqueo de capital.
   La reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que será aprobada después del verano, traspone la III Directiva europea de septiembre de 2005 para prevenir el uso del sistema financiero para blanqueo de dinero o financiación de terrorismo, con la que se controlará todo tipo de pagos siempre que superen una determinada cantidad.
   Según la futura reforma de la Ley, las inmobiliarias deberán identificar a los clientes habituales y a los ocasionales siempre que el pago supere los 8.000 euros en efectivo. Asimismo, tendrán que conservar los documentos, examinar las operaciones sospechosas y abstenerse en el caso de que se confirme, guardar la confidencialidad, mantener un control interno, facilitar un examen externo trienal y formar al personal.
   La Ley establecerá una serie de multas por los incumplimientos que los deberes de las inmobiliarias que variarán en el caso de una infracción leve entre un mínimo de 6.001 euros y un máximo del 1% de los recursos de la entidad. Mientras que en el caso de infracción grave la multa será de entre 90.000 euros y el 5% de los recursos de la empresa.
   En el caso de que la inmobiliaria tenga un indicio certero de que una inversión pueda ser ilegal, deberá comunicar su sospecha al servicio ejecutivo que lo remitirá a la Fiscalía Anticorrupción o Antidroga para que den orden a los Órganos Judiciales de comenzar un proceso penal.
   La expresión «blanqueo de capitales» se utiliza para denominar a aquellos mecanismos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.
   Dentro de las medidas preventivas, se persigue impedir el acceso al sistema financiero de bienes o activos de origen delictivo mediante la coordinación con otros organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Comité de Supervisión Bancaria (Basilea) o el Fondo Monetario Internacional.